El 25 de Mayo pasado, Colombia clasifico al Mundial de Mejores Políticas Publicas, mejor conocido como OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). En la OCDE “compiten”, con lo mejor de su experiencia y talento, un total de 37 naciones, entre ellas las mas avanzadas del mundo, aunque—tal y como sucede en el caso de los Mundiales de Fútbol—las disparidades entre los países miembros pueden ser harto significativas.

En 2014, el Perú dio a conocer su deseo de ser país miembro de la OCDE hacia el 2021. Desde entonces, se han dado una serie de pasos, entre ellos un conjunto de estudios conducidos por los propios técnicos de la OCDE—enmarcados en el así llamado Programa País—que han generado “recomendaciones” en temas tales como el fortalecimiento de las instituciones, la necesidad de una profunda reforma fiscal (tributaria), la reforma integral del transporte, la lucha contra la corrupción, la informalidad y las actividades ilícitas como la minería ilegal, el contrabando y el lavado de activos, etc., que son—casi, casi—de obligatorio cumplimiento. A tres años del bicentenario, a la luz del poco o nulo progreso en los temas prioritarios para ir allanando el camino, el objetivo de convertirnos en País OCDE hacia el 2021 se ve cada vez más lejano.

El discurso oficial—en la medida que existe algún discurso oficial sobre el tema—es que estamos ad portas de “clasificarnos” al mundial OCDE. Los viajes a Paris, con sus respectivas fotos oficiales, se repiten por doquier. El mas reciente, el del ahora ex ministro de Economía y Finanzas, Sr. David Tuesta, apenas tres días antes de su dimisión al cargo para celebrar la adhesión del Perú a dos importantes instrumentos de la OCDE: la Convención Anti-Cohecho y la Convención multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal. Importantes instrumentos que, sin embargo, están a años luz de ser trascendentales en el contexto de las múltiples tareas que el Perú tiene aún pendientes para adecuar sus políticas de Estado a los estándares OCDE.

Lo interesante es que la fanfarria publicitaria que rodeo a la adhesión peruana a estos dos instrumentos no fue muy distinta a los dichos del también ex ministro de Economía y Finanzas, Sr. Alonso Segura, quien a finales de su mandato—en Junio del 2016—no se cansaba de repetir que el Perú “podría ingresar a la OCDE el 2018 o 2019” o a lo expresado por la Sra. Mercedes Araoz quien en Septiembre del año pasado anunciaba que la “invitación” estaba ya a punto de llegar. Desafortunadamente, los buenos deseos no son si no buenos deseos. La realidad OCDE es muy distinta. Veamos el caso Colombiano.

A diferencia del Perú—que primero expreso su intención de integrar la OCDE (2014) para comenzar a partir de entonces un proceso sui generis (Programa País) que ha producido una serie de recomendaciones para ayudar a que el Perú alinee sus políticas públicas a los estándares de la OCDE—como ejemplo las adhesiones señaladas en el párrafo anterior—Colombia primero alineo sus políticas de Estado con los estándares OCDE (2008 – 2011) y solo cuando lo hubo hecho anuncio su deseo de integrar la OCDE. Dos años después (2013) recibió la invitación formal para iniciar el proceso de adhesión y cinco años mas tarde, llegamos a la fecha del 23 de mayo de 2018, cuando los diversos comités OCDE dieron la luz verde para la adhesión.

En el ínterin, entre el 2013 y el 2018 Colombia llevo a cabo un intenso trabajo técnico y político de coordinación con los más de 250 comités que conforman la OCDE. Imaginando que somos “invitados” el 2019, entonces—si repitiéramos el gran esfuerzo colombiano bajo la batuta del Presidente Santos—entonces podríamos lograr la adhesión hacia el 2024. Por lo menos eso es lo que nos dice el espejo Colombiano.